MEXICALI, B.C., SEPTIEMBRE 22, 2025.- El diputado Diego Alejandro Lara Arregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, con la finalidad de que sea obligatorio para toda persona servidora pública asistir a capacitaciones y cursos en materia de perspectiva de género.
Sobre su propuesta, el legislador menciona que la violencia de género constituye cualquier acción u omisión, basada en el género, que provoque daño físico, sexual, psicológico o económico, ya sea en el ámbito público o privado.
Agregó que, en la actualidad, esta problemática se manifiesta de manera alarmante dentro de las instituciones públicas, donde actúa como un mecanismo estructural que reproduce desigualdades históricas y normaliza prácticas profundamente discriminatorias.
Diversas instituciones han comenzado a implementar cursos de perspectiva de género, reconociéndolos como una herramienta eficaz y transformadora para reeducar la conciencia de quienes integran el aparato estatal. Estas capacitaciones no son meras formalidades: son un paso decisivo para erradicar la ignorancia, el machismo institucionalizado y la violencia normalizada en los entornos laborales públicos.
En este contexto, la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres del Estado de Baja California, establece en su artículo primero la obligatoriedad de la formación en género para todas las personas servidoras públicas, independientemente de su jerarquía o función.
Sin embargo, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California aún no contempla de manera explícita esta obligación, lo que representa una barrera significativa para lograr una transformación real y duradera dentro de las instituciones, observó el legislador.
Por ello, considera urgente y necesario estipular como requisito obligatorio la participación en capacitaciones en género para toda persona que ocupe un cargo público: “No se trata únicamente de cumplir con un mandato legal, sino de promover un cambio profundo que permita visibilizar, desnaturalizar y erradicar las desigualdades y violencias estructurales que persisten en el ámbito institucional”.
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