TIJUANA, OCTUBRE 10, 2025.- El Presidente del Grupo Unidos por Tijuana A.C., Dr. José Antonio Serratos García externó la necesidad que la reforma a la ley de amparo tenga un mayor análisis por parte de los diputados del Congreso de la Unión, además que se realicen consultas publicas y escuchen las diversas opiniones por parte de la sociedad civil.
“El llamado es que hagan lo propio y no un trabajo “fast track” y que al igual que los Senadores hagan los cambios necesarios”.
Serratos García comentó que aunque la reforma a la ley de amparo tiene una parte benévola porque al fijar plazos para el dictado de sentencia que no había, la ley de amparo prevé que dentro de la audiencia constitucional se dictara, pero no ocurre y a veces se daba un desliz de hasta un año para dictar una sentencia, hoy fijan un plazo de 60 días naturales y esto tiene que ver con el articulo 225 pero del código penal federal que establece que es delito para los servidores públicos no dictar sentencia en tiempo.
“Sin embargo, hay otros puntos obscuros de regresión, por ejemplo, el art. 128 establecía solo dos fracciones con tres requisitos para gozar de una suspensión y hoy establece 5 requisitos con una formula muy complicada para obtenerla y categóricamente prevé algunos casos en los que no los habrá, por ejemplo, el congelamiento de cuentas cuando venga de actos aparentemente ilícitos no habrá suspensión”
En este sentido, el también catedrático universitario dijo que un claro ejemplo es que en este Estado le acaban de dar una “sopa de su propio chocolate” aunque esto todavía no entra en vigor, a la Dip. Fed. Araceli Brown que fue a pedir un juicio de amparo y una suspensión por cuentas bancarias y se lo negaron.
“Hay una rigidez en cuanto a la suspensión, va a ser muy complicado acceder a las suspensiones, si ya de por si hoy estadísticamente de cada 100 amparos te conceden 30 suspensiones y te niegan 70, con mayores requisitos va a eliminarse, va a bajar ese índice de suspensiones concedidas”.
Sin embargo, dijo que en la propuesta enviada por el Ejecutivo se plasmaba que la multa que se aplica la autoridad responsable es del erario publico y no de la persona física y eso lo modificó el Senado, es correcto que la persona física que ocupa el cargo público resienta las consecuencias de sus actos u omisiones en su patrimonio para que sean más prudentes en su actuar.
“Está por verse como va a quedar finalmente, pero en el tema de suspensión si queda muy complicado y no vamos a tener un amparo tan funcional como lo había a partir del 2013, específicamente desde el 3 de abril para ser exactos que entró en vigor esta ley de amparo, teníamos una ley progresiva, nutrida, de la jurisprudencia de todos aquellos titulares que eran de carrera judicial de buenos argumentos, criterios y con esta reforma hay un retroceso en gran parte”
Finalmente externó que lo mismo sucedió con la reforma al Poder Judicial que se argumentó que era corrupto y que liberaban a los delincuentes, pero si recordamos que sólo el 3% de las carpetas de investigación son las que se judicializan y el otro 97 no, el punto, dijo, seria voltear a ver a la Fiscalía que hace con ese 97 % de carpetas que no la remiten a un juez de control y del poquito 3% que llegan y que liberan a uno, dos o tres ahí viene el señalamiento de un poder judicial corrupto, no debió ser así.
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