Pesquisa de María Dolores Loza Mena de 24 años de edad 
Pesquisa de Ángel Armando Solis Vázquez de 27 años de edad 
Pesquisa de Jesús Alejandro Laura Soto de 29 años de edad 
TIJUANA, JUNIO 24, 2025.- Bajo las indicaciones de la Fiscal General del Estado, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez de combatir la impunidad en actos de violencia contra niñas, niños, mujeres y personas, la Fiscalía General del Estado logró una sentencia condenatoria de más de 22 años de prisión contra Alberto Campos Anaya, declarado penalmente responsable de cometer los delitos de abuso sexual a menores de 14 años de edad, agravado, violación equiparada y corrupción de menores de 18 años.
La sentencia fue dictada luego de que la Coordinación de Averiguaciones Previas y Control de Proceso presentó pruebas sólidas y suficientes que acreditaron la responsabilidad del imputado. La condena consta en la pena de 22 años, 11 meses y 07 días de prisión, así como la suspensión de sus labores como maestro de secundaria, el pago de una multa, además la reparación del daño a la víctima y la negación de beneficios libertarios.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima tenía la edad de 13 años, encontrándose cursando el segundo año de secundaria y al participar en juegos de volleyball en donde el sentenciado era el entrenador, al ganar los juegos realizaba actividades y fiestas para los integrantes del equipo, lo que se realizaba en el domicilio del hoy sentenciado.
Durante esos convivios los alumnos se quedaban a dormir en dicho domicilio, entre ellos la víctima; donde Alberto Campos Anaya realizó tocamientos lascivos sobre la víctima, y en otra ocasión la incitó a tomar bebidas alcohólicas y posteriormente abusar sexualmente de la menor. Repitiendo estas acciones en varias ocasiones.
Con esta resolución, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y procuración de justicia en casos de delitos cometidos contra menores de edad, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para asegurar sentencias condenatorias contra quienes atenten contra su integridad.
