Exhortan a instancias de gobierno para resolver caso de víctimas de líder religioso de “Geshet”.

MEXICALI, MAYO 24, 2025.- El Congreso del Estado exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California y a la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, dirijan la investigación, avancen en el proceso del caso de las víctimas del líder religioso del grupo “Geshet”.

La diputada inicialista, Michel Sánchez Allende, en su exposición de motivos indicó que en 2023, se dio a conocer la detención de Víctor Hugo “N”, ex líder de dicho grupo religioso, por contar con alrededor de 13 denuncias por delitos como pederastia, abuso sexual y trata de personas contra niñas y adolescentes, dentro de la estructura de dicho grupo religioso, del cual era también fundador.

“Es así que este exhorto tiene la intención de prevenir una posible revictimización que, en el caso de no atenderse la investigación con la debida diligencia, resultaría en el posible enfrentamiento de la víctima con la libertad de su presunto agresor”, señaló.

El exhorto va dirigido al Presidente del TSJ, Magistrado Alejandro Fragozo López y a la titular de la FGE, Ma. Elena Andrade Ramírez, para que resuelvan el caso conforme a los principios de debida diligencia, el enfoque diferenciado, no revictimización, perspectiva de infancias e interés superior de la niñez, en el caso abuso, violación, pederastia agravada y/o trata de personas denunciado por Aylisch Carrillo Bragal y las demás víctimas del líder religioso del grupo Geshet, dentro del caso de NUC 0202-2023-01153 y los demás que se relacionen, además que garanticen que el procedimiento llegue a una sentencia, previo a la liberación del presunto agresor, por terminación de la prisión preventiva.

Agregó que las denunciantes han expresado que fueron objeto de manipulación, violencia y abuso sexual desde edades tempranas, bajo la amenaza de castigos espirituales y rechazo comunitario. Se ha documentado que, incluso después de las denuncias, algunas de las víctimas y sus familias han sido objeto de hostigamientos indirectos, lo que incrementa el temor ante la posible liberación del imputado.

“No podemos permitir que, ante la omisión procesal o la falta de celeridad, se facilite la libertad de un presunto agresor de esta magnitud, especialmente cuando existen múltiples carpetas abiertas y el riesgo social es alto y fundado; además esta problemática requiere de su estudio con perspectiva de género, por lo que es necesario que el estudio del asunto se vea con gafas violetas”, subrayó.