Dip. Michelle Tejeda busca integrar a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de bienestar social

MEXICALI, JULIO 13, 2025.- La diputada Michelle Tejeda presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, con el objetivo de incorporar de forma explícita a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos reconocidos por esta norma, lo que les permitirá acceder a programas y servicios de desarrollo social en un marco de respeto a su cultura, lengua y formas de organización.

La presidenta del Congreso subrayó que, si bien dicha Ley promueve la atención a grupos vulnerables, aún carece de un enfoque directo hacia estas comunidades históricamente excluidas. En este sentido, el reconocimiento legal representa un paso crucial para promover políticas públicas inclusivas que respondan a sus necesidades con perspectiva intercultural.

“Este reconocimiento promovería el desarrollo económico y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, permitiendo impulsar proyectos que respeten sus formas tradicionales de producción y mejoren su calidad de vida”, indicó.

Las asociaciones civiles en Baja California enfrentan grandes retos como garantizar legitimidad, lograr autofinanciamiento, cumplir con la rendición de cuentas y profesionalizar su gestión para alinearse con objetivos federales, estatales y municipales, así como con los de desarrollo sustentable.

En el Catálogo de Bienestar 2024 se registran 901 asociaciones que atienden temas como salud, educación, cultura y población vulnerable, incluyendo mujeres, niños, migrantes y personas con discapacidad.

Ante este contexto, se propone la derogación del numeral II del artículo 6 de la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, ya que su rigidez impide la implementación eficiente de proyectos sociales.

Finalmente, Michelle Tejeda recalcó que dicha modificación contribuiría a establecer un marco normativo más ágil, que garantice el uso adecuado de recursos públicos, mayor transparencia y mejores resultados para las políticas de bienestar que impulsa el Estado de Baja California.