TIJUANA, SEPTIEMBRE 29, 2025.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que ante la reforma publicada el 13 de marzo y los ajustes presentados el 15 de septiembre por parte de la presidenta de México, algunas modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo.
El presidente de COPARMEX Tijuana, Roberto Vega Solís, señaló que se ha solicitado participar en las mesas de trabajo del Senado para analizar las reformas a la Ley de Amparo.
«Representamos a miles de empresas en todo el país y consideramos indispensable que se escuche nuestra voz para reflejar las inquietudes y propuestas del sector productivo. Los cambios proponen que solo quien pueda demostrar afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo, reduciendo los efectos generales de las sentencias y dejando en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas», declaró.
El juicio de amparo fue creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, siendo clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad. México fue pionero en este modelo antes que países como Austria o Alemania, y su fortaleza ha dado certeza jurídica para la inversión y la generación de empleos.
En el ámbito tributario, la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos fiscales, limitando el control judicial sobre la actuación del fisco, lo que representa un mayor riesgo de cobros prematuros que afectarían operaciones y empleos.
Asimismo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes que podrían presionar políticamente a los magistrados mediante evaluaciones de desempeño y digitalización, imponiendo métricas de ética, productividad y estadísticas sin salvaguardas, lo que puede mermar la independencia judicial y excluir a personas o pequeñas empresas sin recursos tecnológicos.
«Desde COPARMEX hacemos un llamado al Poder Legislativo para reconsiderar estas modificaciones, establecer un diálogo con sociedad civil, organizaciones empresariales, academia y colegios de abogados, y garantizar que el amparo se preserve como un derecho histórico accesible a todos. Su fortalecimiento es indispensable para consolidar el Estado de derecho, la justicia efectiva y la confianza en las instituciones, proteger derechos, atraer inversiones y fomentar la creación de empleos», puntualizó Vega Solís.

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