MEXICALI, B.C, JUNIO 2, 2025.- El Congreso del Estado aprobó enviar un exhorto a la CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca) para que establezca una oficina permanente en Baja California, o al menos envíe personal con capacidad de gestión y resolución, que atienda mensualmente todos los asuntos del sector, evitando los viajes hasta Mazatlán, Sinaloa, donde se ubican las oficinas centrales de esa Comisión.
El exhorto fue promovido por el diputado Danny Fidel Mogollón Pérez y logró el respaldo del pleno del Congreso.
En su exposición, el legislador de Morena citó datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los que indican que Baja California produjo en 2022 más de 112 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas, posicionándose en el quinto lugar nacional en producción y en el cuarto lugar en valor económico, con una derrama superior a los 3,000 millones de pesos anuales. Cifras reflejan la magnitud del sector y su impacto directo en la economía regional.
En los municipios de Ensenada, San Quintín, Playas de Rosarito, Tijuana y San Felipe, se desarrollan actividades como la pesca ribereña, la pesca industrial, la acuacultura en aguas interiores, la maricultura, y la recolección de especies altamente valoradas como langosta, erizo, abulón, almeja, sardina, jurel, ostión y camarón.
También existen zonas con potencial de desarrollo en comunidades indígenas y pesqueras del sur profundo de la entidad, como Punta Colonet, El Rosario, Isla de Cedros, Bahía de los Ángeles y otras.
A pesar de esta gran relevancia productiva, en todo el estado no existe una oficina permanente de la CONAPESCA. La dependencia federal mantiene su sede central en Mazatlán, Sinaloa, y muchas de las gestiones más importantes como la obtención o renovación de permisos, concesiones, informes técnicos o trámites de inspección y vigilancia requieren acudir personalmente hasta esa ciudad, a más de 2,000 kilómetros de distancia.
Para el sector pesquero y acuícola, compuesto mayoritariamente por cooperativas, permisionarios sociales, comunidades rurales e indígenas, este obstáculo geográfico representa un gasto que en muchas ocasiones es imposible cubrir, provocando rezagos administrativos, pérdida de apoyos y, en ocasiones, pesca en informalidad involuntaria.
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