Congreso de BC impugna ante la corte pago millonario a magistrados

MEXICALI, JUNIO 26, 2025.- Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinara desechar la impugnación presentada contra los acuerdos millonarios de indemnización de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, el diputado Juan Manuel Molina García, en representación del Congreso del Estado informó que ya se presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) explicó en rueda de prensa que, aunque la Sala Superior resolvió que el tema no es materia electoral, esta decisión no pone fin al asunto, sino que abre la vía constitucional para su análisis de fondo.

Detalló que, aunque aún no han sido notificados formalmente ni se ha publicado el proyecto correspondiente, en términos generales “lo que escuchamos es que dijeron que no es materia electoral y que precluyó el derecho”. Añadió que esta determinación no implica extemporaneidad, como sí ocurrió en un caso anterior, lo cual consideró un dato relevante.
Desde una óptica jurídica, sostuvo que presentar el recurso fue indispensable, pues no intentar un recurso es el peor error que puede cometer cualquier persona, abogada o abogado, y subrayó que esta cadena de impugnación ha permitido avanzar en la clarificación del asunto.

Asimismo, recordó que existe jurisprudencia del propio TEPJF, emitida en 2023, en la que se reconoce la posibilidad de analizar si un funcionario electoral es considerado trabajador y, por ende, si tiene derecho a una indemnización. En ese contexto, interpretó que la resolución reciente podría implicar que los magistrados no son considerados trabajadores formales, sino la parte patronal, lo que los dejaría sin ese derecho.

“El Congreso del Estado ya presentó la controversia constitucional, porque esta decisión toca una esfera de atribuciones exclusiva del Poder Legislativo, como es la autorización del ejercicio de recursos públicos”, informó.

La demanda fue elaborada por la Consultoría Legislativa y el Departamento Jurídico del Congreso, con base en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional y las reformas recientes, que permiten a los órganos del Estado impugnar decisiones de otros entes autónomos cuando se invade su competencia o se afecta la legalidad presupuestal.

Juan Manuel Molina también señaló que las y los diputados de la XXV Legislatura han recibido un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía ante la pretensión de entregar indemnizaciones millonarias sin sustento legal ni presupuestal por parte de las magistraturas electorales; “Se trata de más de 4 o 5 millones de pesos que se pretendían entregar sin viabilidad presupuestal y sin que el Congreso del Estado autorizara ese gasto”, advirtió.

Finalmente, cuestionó la falta de pronunciamiento de sectores que habitualmente opinan sobre el manejo de recursos públicos y que ahora no han dicho nada.