MEXICALI, MARZO 12, 2026.– El Congreso del Estado de Baja California aprobó en sesión ordinaria una reforma a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico y garantizar la aplicación de la Política de Desarrollo Empresarial 2021-2040 en las acciones del gobierno estatal y los ayuntamientos.
La iniciativa fue presentada por la diputada Daylín García Ruvalcaba y contempla modificaciones a los artículos 2, 22 y 36 de la legislación vigente, estableciendo que las políticas públicas en materia económica deberán alinearse obligatoriamente con la estrategia empresarial de largo plazo del estado.
La legisladora destacó que la reforma busca incorporar activamente la participación de la sociedad y, especialmente, de organismos y cámaras empresariales, cuyas aportaciones provienen de la experiencia directa en la actividad económica cotidiana.
Explicó que la Política de Desarrollo Empresarial 2021-2040, publicada en el Periódico Oficial del Estado en octubre de 2021, representa una visión estratégica de largo plazo que debe ser respetada y aplicada por todas las dependencias estatales y municipales.
Asimismo, señaló que el antecedente de esta política, establecido en 2007, no fue implementado conforme a la ley, lo que limitó su impacto. La nueva estrategia incorpora vocaciones regionales, criterios de selectividad y prioridades de inversión, con el fin de aprovechar las capacidades productivas presentes y futuras en las distintas regiones de Baja California.
Con la aprobación unánime del Pleno, se establece que las acciones derivadas de la Ley de Fomento a la Competitividad deberán alinearse obligatoriamente con la política empresarial del estado, garantizando coherencia y continuidad en la planeación económica.
Además, se determinó que el Comité Consultivo de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico celebrará sesiones ordinarias cada mes, además de las extraordinarias que sean convocadas por su presidente o por la mayoría de sus integrantes, con el propósito de fortalecer el seguimiento de las decisiones en materia de competitividad y desarrollo económico.
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