MEXICALI, MAYO 18, 2025.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de delitos que amenazan la estabilidad económica local, el diputado Diego Lara Arregui presentó iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el estado de Baja California.
En su exposición de motivos, el legislador indicó que los delitos contra el patrimonio como el fraude, robo, abuso de confianza, despojo, entre otros que señala el Código Penal, tienen un impacto negativo en las víctimas y en la colectividad, ya que generan miedo, inseguridad y vulnerabilidad social.
Indicó que este fenómeno delictivo ha ido evolucionando en relación a los medios comisivos del mismo; una de estas nuevas modalidades es cuando los delincuentes exigen pagos o favores a comerciantes, empresarios o prestadores de servicios, a cambio de una “protección”, de permitirles operar sus negocios o simplemente para el manejo de dinero para cubrir actos ilícitos.
Abundó que actualmente, dentro del marco normativo estatal, se encuentra una ambigüedad en la tipificación del delito, ya que no especifica exactamente que tal coacción se dará a cambio de no interferir para que la víctima se pueda dedicar a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
Por ello, es urgente una reforma legislativa que reconozca como un hecho típico, jurídico y culpable a quien realice actos que perturben la estabilidad de la economía local, como una modalidad específica y autónoma dentro del delito de extorsión, lo cual permitiría a las autoridades actuar con mayor eficacia, brindar mayor seguridad a las víctimas y enviar un mensaje claro de que este tipo de conductas no serán toleradas.
Por lo anterior el inicialista propone la reforma del Código Penal, a los artículos 224, 224 BIS “Perturbación de la estabilidad económica local” y la adición al artículo 224 TER “Agravación de la pena”; así como la adición de un artículo 5 BIS a la Ley de Fomento, para quedar como sigue: “Las autoridades estatales y municipales deberán coordinarse a efecto de implementar un programa permanente de acompañamiento, asesoría y fortalecimiento a emprendedores, pequeños comerciantes y trabajadores independientes que desarrollen actividades económicas en entornos de riesgo o condiciones adversas para el ejercicio libre del comercio”.
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