TIJUANA, NOVIEMBRE 24, 2025.- El Poder Judicial del Estado de Baja California y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México firmaron un convenio general de colaboración y coordinación interinstitucional, con el propósito de desarrollar programas, proyectos, investigaciones y actividades orientadas a la protección y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.
La firma del convenio contó con la participación, por parte de UNICEF, de Luis Fernando Carrera Castro, Representante en México, y Fernando Alonso Becerra, Jefe de la Oficina en Tijuana; y por parte del Poder Judicial de Baja California, del Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración, así como de la Directora de Derechos Humanos y Asuntos de Género, Rocío Karina Cano Albañez.
A través de este convenio, ambas instituciones impulsarán la difusión e intercambio de información, así como la implementación de acciones que fortalezcan la atención y participación de niñas, niños y adolescentes en el ámbito judicial.
Como parte de la colaboración, UNICEF brindará acompañamiento técnico y asesoría especializada al Poder Judicial de Baja California para la implementación de Salas de Audiencia Especializadas, también conocidas como Salas de Escucha. Estos espacios están diseñados para garantizar la participación segura, digna y libre de revictimización de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales.
El acompañamiento incluirá la adecuación y construcción de Salas de Escucha en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, fortaleciendo así la infraestructura y capacidades del Poder Judicial en materia de justicia adaptada para las infancias y adolescencias.
Estas acciones forman parte de la estrategia integral impulsada desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración del Poder Judicial, encabezada por el Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, orientada a garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que participan en los procedimientos jurisdiccionales.

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