MEXICALI, SEPTIEMBRE 1, 2025.- Las diputadas y diputados de la XXV Legislatura del Congreso del Estado celebraron sesión extraordinaria para formalizar la toma de protesta de 24 magistraturas, 148 personas juzgadoras y 2 consejeros de administración del Poder Judicial del Estado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
La ceremonia fue encabezada por el diputado presidente de la Mesa Directiva, Jaime Eduardo Cantón Rocha, en presencia del Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, quien acudió en representación de la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, junto con autoridades de distintos órdenes de gobierno y medios de comunicación.
Durante su intervención, Jaime Cantón destacó la trascendencia del acto como parte de un momento histórico para la justicia mexicana, enmarcado en el legado republicano de Benito Juárez y en la voluntad popular expresada en las urnas. Por primera vez, la ciudadanía eligió directamente a quienes ejercerán la función jurisdiccional, marcando un hito democrático sin precedentes en el país.
“Este momento representa el cumplimiento de una demanda histórica: construir un Poder Judicial al servicio de la gente, libre de privilegios, corrupción e influyentismo. Que la justicia sea pronta, imparcial y accesible para todas y todos. Que nunca más el interés personal se imponga sobre el bien común”, recalcó.
A continuación se llevó a cabo la toma de protesta de las 24 magistraturas, distribuidas en 17 numerarias, 4 supernumerarias y 3 correspondientes al Tribunal de Disciplina Judicial, así como de 148 juezas y jueces y 2 consejeros de administración, quienes se integran formalmente al nuevo esquema judicial.
Este acto dio cumplimiento al resultado de la elección judicial por voto popular, celebrada el pasado 2 de junio, en la que el pueblo de Baja California eligió directamente a las autoridades judiciales. Con ello, el Poder Legislativo reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones de justicia, el respeto al marco legal y el acceso equitativo a los derechos, consolidando una estructura judicial sólida, representativa y preparada para responder a los desafíos del Estado.

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