Congreso aprueba reformas en materia de transparencia judicial y documental

MEXICALI, AGOSTO 20, 2025.- En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó el Dictamen No. 55 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que reúne dos iniciativas orientadas a reforzar el derecho de acceso a la información pública. Las propuestas fueron presentadas por los diputados Juan Diego Echevarría Ibarra y Juan Manuel Molina García, y dictaminadas en un solo proyecto por compartir una misma visión legislativa.

La propuesta del diputado Echeverría establece la incorporación del artículo 109 BIS, que precisa los supuestos bajo los cuales los documentos clasificados como reservados deberán ser desclasificados.

Esta reforma armoniza los procedimientos locales con los criterios previstos en la legislación federal, evitando vacíos normativos o interpretaciones contradictorias que pudieran vulnerar el derecho fundamental de acceso a la información.

Con ello, se refuerzan los principios de certeza jurídica y máxima publicidad, al establecerse de manera específica los plazos y condiciones aplicables para la desclasificación de información previamente reservada.

Por su parte, el diputado Molina García impulsó la reforma al inciso g) del artículo 83, con el objetivo de establecer como obligación que todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado sean públicas.

Esta modificación responde al decreto federal publicado el 13 de agosto de 2020, que exige la publicación y actualización de versiones públicas de todas las resoluciones judiciales.

La reforma contribuye a la coherencia normativa entre disposiciones locales y generales, promoviendo el escrutinio ciudadano sobre el actuar de los órganos jurisdiccionales.

En ese sentido los artículos reformados son el 83 y el 108, además de la adición del artículo 109 BIS a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.

Con la aprobación de estas iniciativas, la XXV Legislatura reafirma su compromiso con una gestión pública más abierta, accesible y democrática, consolidando un marco legal que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer, evaluar y participar en los asuntos públicos.