TIJUANA, AGOSTO 16, 2025.- A tres semanas de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LPIORPI), el llamado es a que las empresas consideradas “sujetos obligados” actualicen, de inmediato, sus procesos para evitar sanciones millonarias.
Así lo señaló la MI. Jeaneth Ayala Jacobsen, abogada y contadora certificada en prevención del lavado de dinero, directora de PLD Especialistas y creadora del software ALDDA (Antilavado de Dinero Asistente), quien comentó que esta plataforma tiene siete años en el mercado con el objetivo de apoyar al sector empresarial.
“Desde el 17 de julio la ley obliga a cumplir con nuevas disposiciones, como realizar un enfoque basado en riesgos para identificar si una empresa pudiera ser utilizada por la delincuencia organizada, implementar mecanismos automatizados para el seguimiento de operaciones y vigilar de forma intensiva las transacciones de personas políticamente expuestas”, anotó.
Uno de los puntos más sensibles, indicó, es que a partir de la reforma también es obligatorio presentar los informes en cero, es decir, reportar la ausencia de operaciones vulnerables cuando se está inscrito en el portal oficial.
“Si, por ejemplo, una persona políticamente expuesta compra un vehículo o una casa, ahora la empresa debe hacer una revisión exhaustiva”, explicó, al tiempo que subrayó que la omisión de este trámite podría derivar en una multa de hasta un millón 100 mil pesos por cada Aviso no presentado.
En ese sentido, la experta subrayó que algunas de las nuevas obligaciones ya están vigentes, mientras que otras entrarán en vigor en los términos de las reglas de carácter general de la ley, esperamos que se actualicen en un plazo máximo de 12 meses.“El mensaje es claro: si eres sujeto obligado, tienes que conocer los cambios, cumplirlos y apoyarte en sistemas que garanticen el seguimiento puntual, porque las multas son muy altas y las revisiones ya comenzaron”, concluyó.
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